Comentarios sobre la elección presidencial de Rodrigo Aramayo Mercado y equipo de ANAWIN

Cochabamba 22/10/2020

Han transcurrido 363 días desde el 20 de octubre de 2019, fecha en la que se impuso la narrativa del fraude, para anular el resultado electoral que ungiría por cuarta vez a Evo Morales como presidente de Bolivia. En los siguientes 21 días (entre octubre y noviembre 2019) se reavivo una profunda construcción sociológica, que pone de manifestó un supuesto  derecho consuetudinario de primacía del  ciudadano criollo urbano blancoide y oligarca (el humano) como único propietario del destino del país andino-amazónico, en desmedro del boliviano indígena originario campesino (considerado el bárbaro), que en los últimos 14 años intentó cobrar carta de  ciudadanía y tuvo la osadía de reclamar su derecho a ser protagonista de la construcción del Estado.

Esa construcción sociológica que reavivo la oligarquía nacional (principalmente cruceña) está presente desde la fundación de la república y superarla para construir unidad nacional inclusiva es una de las principales tareas del país andino. Como señalará René Zabaleta Mercado, el oligarca boliviano mantiene un juramento de superioridad que nunca va a negociar ni claudicar, “puede negociar cualquier cosa menos el juramento de superioridad sobre el indio. Jamás va a consentir que el indio se considere su igual”. Esta concepción continúa siendo el mayor problema del Estado Plurinacional de Bolivia, el sentimiento de quienes se sienten superiores y los interiorizados en una relación de dominación puesta de manifiesto de manera cruda y descarnada durante el periodo del gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, quien frente a la población en las calles dispuesta a defender el proyecto de transformación democrática cultural sustentada en el  Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), como primera medida de gobierno firmó el decreto 4078, dando a las Fuerzas Armadas licencia para matar, esta medida trajo como consecuencia las masacres de Sacaba en Cochabamba (el 15 de noviembre) y Senkata  en La Paz  (el 19 de noviembre) con un saldo de 37 personas asesinadas, matanzas que el gobierno de transición ha denominado proceso de pacificación del país.

Después de la elección anulada y el golpe de estado consumado con la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas el año 2019, este domingo 18 de octubre de 2020 los bolivianos volvieron a las urnas para elegir al primer presidente después de casi 14 años de gobierno del expresidente indígena Evo Morales, (hoy proscrito de la vida política boliviana), y un gobierno de transición de facto considerado el más nefasto en la historia nacional.   

Los resultados electorales, al 94% del escrutinio; pese al relato no comprobado de fraude electoral, denuncias de corrupción en su contra y la persecución de sus dirigentes; demuestran que el MAS-IPSP sigue siendo el partido más representativo de Bolivia, con más del 54,50% de preferencia electoral, cerrando con este resultado toda posibilidad de una segunda vuelta.

Un resultado más que meritorio teniendo en cuenta el contexto en el que se llevó a cabo el plebiscito. Quienes han encabezado la fórmula del MAS-IPSP, son Luis Arce Catacora, candidato presidencial, secundado en la vicepresidencia por David Choquehuanca Céspedes, el primero ocupó el Ministerio de Economía en todos los gobiernos de Evo Morales y el segundo fue Canciller por el mismo periodo.

La votación de la última justa electoral ubica en segundo lugar al ex presidente Carlos Mesa (29,06%) y en tercer lugar al ultra derechista cruceño, Luis Camacho (14,36%) principales protagonistas del golpe de estado en el 2019. Estos candidatos terminaron dividiéndose el voto de la derecha y la oligarquía, pero los resultados dejaron a las claras que ni siquiera si iban juntos podrían haber logrado el triunfo.

Más allá del voto que respalda a un partido político en el primer lugar, la preferencia electoral que fue emitida claramente por convicción ciudadana, tiene una manifiesta orientación de apoyo a un proceso de cambio y a un periodo de estabilidad económica que se sustenta en el respaldo  de la clase media, pueblos originarios, organizaciones y movimientos sociales, que dan contenido al Suma Qamaña, el Buen Vivir, un nuevo paradigma económico y social que propugna la formulación de un proyecto de economía comunitaria.

Pese a la contundencia de los resultados electorales el conflicto generado, tras la interrupción del proceso de transformación económica social y política del Estado Plurinacional de Bolivia, no va a cambiar con las elecciones. El proceso por la configuración de los escaños de la Asamblea Legislativa y la polarización social y regional  es de difícil y larga resolución, dado que  los partidos de oposición, la oligarquía y los paramilitares  (“juventud cruceñista”, “resistencia cochala”, “resistencia paceña”, entre otras) organizados en la lógica fascista-racista  persistirán en su búsqueda de toma de poder o desestabilización política ya que son sostenidos por poderes políticos económicos trasnacionales, terratenientes y comités cívicos.

Sin duda la ausencia de mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, conformada por las cámaras de diputados y senadores, obliga al nuevo gobierno a buscar espacios de unidad para la recuperación del país.

Desde el ámbito de la sociedad civil, esta recuperación de unidad nacional, también debe ser una tarea urgente de líderes políticos, organizaciones no gubernamentales y activistas sociales en general a través  del fortalecimiento de la democracia inclusiva y participativa, basada en el reconocimiento de las identidades de las persona, la cultura y los pueblos y el auténtico respeto a las diferencias, estimulando una interacción  social de carácter pasivo a través de la inclusión social y protagonismo político de la población  que deriva insoslayablemente en la mejora de condiciones de vida como requisito para asegurar la prosperidad económica  nacional.